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“Este gobierno nos quiere arrodillar”

Hebe de Bonafini denunció hostigamiento del Ejecutivo y de la Justicia

Funcionarios judiciales y del Ejecutivo intentaron realizar un inventario en la sede de la Asociación. Las Madres lo impidieron y denunciaron que no habían sido notificadas. “Es una jugada política, se quieren quedar con el archivo”, denunció Hebe de Bonafini.

Funcionarios judiciales y del Ejecutivo intentaron realizar un inventario en la sede de la Asociación. Las Madres lo impidieron y denunciaron que no habían sido notificadas. “Es una jugada política, se quieren quedar con el archivo”, denunció Hebe de Bonafini.

“Venimos siendo hostigadas de muchas maneras hace tiempo y esto es una maniobra más.” Así describió la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, la maniobra con la que en plena feria una veintena de funcionarios judiciales y del Ejecutivo, según informaron, intentaron sin éxito realizar un inventario en la sede del organismo. Desde la Asociación rechazaron la medida, a la que consideraron ilegal por no haber sido notificados previamente. Bonafini vinculó la maniobra con una “jugada política”: “Se quieren quedar con el archivo de las Madres, con nuestra historia, con cuatro décadas de lucha, pero esto es del pueblo”, advirtió. Los representantes legales de la Asociación presentaron un pedido de revocatoria ante la autoridad judicial de feria por lo que el inventario quedó pospuesto para febrero. 

“Quieren ver todo lo que es de la Fundación para llevárselo”, advirtió Bonafini en una conferencia de prensa que ofreció junto a otras madres. Ante periodistas y quienes acudieron tras el pedido de apoyo que el organismo hizo circular por las redes horas antes, Bonafini denunció que el procedimiento que sufrieron ayer es “una violación de las garantías constitucionales” y lo atribuyó a una decisión política: “Este gobierno nos quiere arrodillar”, dijo. “No lo vamos a permitir, las Madres nos vamos a defender como sea.”

Durante la mañana de ayer, funcionarios judiciales quisieron ingresar a la Casa de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1548, para hacer un inventario de bienes en el marco de la causa sobre la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los juicios pendientes por la indemnización de los trabajadores del programa Sueños Compartidos, juicios por los cuales ya se habían embargado algunos bienes de la Fundación, que irán a remate. La medida fue solicitada por el síndico de la quiebra al juez de feria Javier Cosentino, quien autorizó el procedimiento pero no notificó al organismo.

Bonafini y las Madres que integran la Asociación les negaron a los funcionarios el ingreso al lugar.

“A dos días del fin de la feria, la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más”, advirtieron las Madres, mientras denunciaron que el organismo tampoco fue notificado de que el trámite de quiebra de la fundación cuenta con nuevo síndico y escribano. “Habilitan la feria judicial para un inventario pero no para el pedido de libertad de un preso político”, comparó la titular de la Asociación y se quejó del beneficio de la prisión domiciliaria para represores como “Etchecolatz, que tendría que estar en Batán”.

El inventario es una medida necesaria en todo proceso de quiebra. Lo que no es habitual es que un juez habilite la feria judicial a dos días de su finalización para realizarlo. “El problema es la forma y la fecha en que quisieron desarrollar el inventario”, según el equipo jurídico que asesora a la Asociación. Tal como denunció Bonafini en conferencia de prensa, explicaron que, al no haber sido notificada previamente la asociación, el intento de inventario fue “violatorio del derecho a defensa”. En horas de la tarde, presentaron ante el juez de feria un pedido de revocatoria que pospuso el inventario para cuando la Justicia retome su ritmo de trabajo habitual. En ese sentido, advirtieron desde el equipo jurídico que no se opondrán a la realización del inventario siempre y cuando “no participe la fuerza pública” y “no intervenga el Poder Ejecutivo”.

La negativa a que la fuerza pública ingrese a la Casa de las Madres se debió a que el acta judicial exhibida ayer otorgaba vía libre a los funcionarios a cargo del procedimiento: “La sindicatura queda facultada a requerir el auxilio de la fuerza pública, a allanar domicilios y solicitar los servicios de un cerrajero en caso de resultar necesario”, decía el acta.

El rechazo de las Madres a la presencia de funcionarios del Ejecutivo apunta a dirigentes del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, que quedó a cargo de Javier Buján, a quienes acusan de “querer quedarse con 40 años de lucha”. En ese sentido, Bonafini denunció que representantes del Ejecutivo “vienen a buscar el archivo, los cuadros, los regalos, no para quedárselos, para destruirlos. Ellos quieren destruir la historia”. El archivo de las Madres guarda exponentes de los 40 años de lucha que lleva el organismo: desde los hábeas corpus presentados en reclamo de sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura, hasta reconocimientos y regalos recibidos por las Madres.

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